En la Comunidad de Madrid, según el estudio Envejecimiento en red del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS). Envejecimiento en Red (2014). “Estadísticas sobre residencias: distribución de centros y plazas residenciales por provincia.
Envejecimiento.
Datos de diciembre de 2013”. Madrid, Informes en Red, nº 7. [Fecha de publicación: 20/02/2014].”, existen 479 residencias de ancianos, de las cuales sólo 77 son públicas, que ofrecen un total de 47.954 plazas, de las cuales sólo 11.137 son públicas. Es decir, casi el 84% de las residencias y el 77% de las plazas están en manos privadas y sólo el 16% de las residencias y el 23% de las plazas son de titularidad pública. Si a esto añadimos que un porcentaje importante de las que son públicas son gestionadas por empresas privadas, no podemos sino concluir que la gestión de la vida de los mayores tiene como principal característica la idea de explotación de un negocio que, dada la concentración de la propiedad y la naturaleza de fondos de inversión y fondos buitres de quienes dominan el sector, prioriza el beneficio empresarial en detrimento del bienestar de los residentes.
No puede ser más importante el negocio que el bienestar de las personas mayores.
Si a la idea de explotación de un negocio en lo privado que parece buscar fundamentalmente el beneficio económico, añadimos las políticas de austeridad y recortes practicadas por los diferentes gobiernos (central y autonómico), tenemos la explicación de la situación en que se encuentran los mayores en las residencias y que se ha explicado en párrafos anteriores. Para que el negocio lo siga siendo y para poder seguir recortando partidas que inciden directa e indirectamente en la calidad y dignidad de la vida de las personas mayores, resulta necesario que haya opacidad, falta de control y alienación de los familiares de los residentes.
Todos los que hemos pasado por la experiencia de tener un familiar en una residencia, sabemos de los esfuerzos de sus responsables porque los problemas, las deficiencias, no trasciendan, no salgan a la luz pública. Sólo en el año y medio que llevamos de existencia se han puesto, que nosotros sepamos, media docena de denuncias en los Juzgados (dos en Usera, una en Leganés, dos en Alcorcón y la más reciente que ha causado un auténtico escándalo por la gravedad de las imágenes, en Arganda), sin contar las centenares de quejas que no trascienden a la opinión pública.
Si los trabajadores hablaran, como en Arganda; si los familiares contaran las situaciones que viven cotidianamente en la atención de sus familiares residentes, si todos, unos y otros contaran todo lo que sucede en las residencias, se produciría en la sociedad una conmoción de magnitudes importantes.
No puede se más importante el negocio que el bienestar de nuestros mayores.
En las residencias no existe control sobre la gestión (estamos hablando de vidas humanas), ni por parte de los residentes, ni por parte de los familiares. En nuestra comunidad mediante la Orden 766 de 1993, se crearon los Consejos de Residentes para las residencias de titularidad pública y en el año 2012, después de una reclamación sobre la inexistencia de este órgano en la residencia de Usera, el Defensor del Pueblo obligó a la Comunidad de Madrid (que se negaba a ello) a que se crearan órganos de participación de los residentes en todas las residencias de titularidad pública, fueran de gestión pública o de gestión privada y en todas aquellas que tuvieran algún tipo de financiación pública, aunque fueran privadas. Se crearon los Consejos de Usuarios, pero con menos competencias que los de los residentes, con ser éstas pocas. Sólo los familiares que tengan la tutela legal de los residentes incapacitados judicialmente pueden participar en los mismos.
Nuestra Asociación surge como consecuencia de la indefensión en que se encuentran los mayores, en defensa de los mismos y de su dignidad; y sobre todo tras el hartazgo del ninguneo de las instituciones a las denuncias que los trabajadores, en su ámbito, llevan a cabo y de las quejas y reclamaciones que los familiares realizan y a las que siempre la Comunidad de Madrid o no responde o lo hace negando la mayor. Para denunciar y combatir estas situaciones, para que la consideración de servicio social que tiene la atención a las personas mayores que ya no pueden valerse por sí mismos, no sea sustituida por la idea de negocio, para hacer realidad lo que se establece en el artículo 50 de la Constitución Española: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.
Lectura de comunicado en Sol.
Desde nuestra Asociación impulsamos la auto-organización de los colectivos afectados, hoy más que nunca es necesaria la ética, la concienciación de todos y establecer un límite al silencio, que no permita el atropello a los derechos y dignidad de los mayores, que en la actualidad está tomando el cariz de maltrato institucional “Cualquier legislación, programa, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos o privados, o derivados de la actuación individual del profesional de estos que conlleve abuso, negligencia o detrimento de salud, de la seguridad, del estado emocional o del estado de bienestar físico, o que los derechos de las personas mayores no sean respetados.”
Los familiares deben ejercer el control en las residencias que no se quiere que haya, hay que sacar a la luz los problemas como un primer paso para su solución. Hay que crear Asociaciones o Agrupaciones de Familiares en todas y cada una de las residencias. Para que se cumplan los contratos establecidos con las residencias, para que no se escatime en dotar de todo aquello que precisen las personas mayores (pañales, reposición de ropa extraviada, prótesis, etc.), para que se controle el gasto farmacéutico y la medicación.
Pretendemos que se creen Consejos de Residentes o de Usuarios en todas las residencias, así se lo manifestamos al Director General del Mayor en una reciente reunión a la que fuimos convocados (no existen incluso en algunas residencias públicas como la de Alcorcón) y pretendemos que tengan más competencias y que puedan participar en ellos los familiares.
Pretendemos que no se nos siga engañando con las ratios de personal, que se adecúen a la realidad actual, que se establezcan por turnos y por categorías.
La dignidad de los que nos defendieron y dieron todo por nosotros cuando no nos podíamos defender se merece que los familiares y trabajadores pongamos freno a tanto atropello a sus derechos, consiguiendo que se realicen los cambios legislativos necesarios que se adapten a la realidad social actual y que los responsables cumplan con sus obligaciones.
Porque todos somos hijos y fueron nuestros mayores los que en su vida hicieron lo mejor por nosotros, los que tuvieron mil ojos para cuidarnos, somos a quienes ahora nos toca hacer lo mismo para garantizar sus cuidados. Nuestro futuro sólo será digno si somos capaces hoy de defender los derechos de las personas mayores porque fuimos, somos y serán…
Octubre de 2017
