El tiempo que no tienen: el estudio que destapa la realidad oculta de las residencias de mayores en Madrid
El pasado 24 de febrero, el Espacio Ecooo de Madrid fue escenario de un encuentro que no dejó indiferente a nadie. Sindicatos, plataformas de familiares, representantes políticos y, sobre todo, trabajadoras del sector de las residencias de mayores se dieron cita para presentar un estudio pionero que pone cifras y nombres a una realidad que muchos sospechaban, pero que hasta ahora no se había medido con rigor científico.
El mensaje fue contundente: el sistema de cuidados en la Comunidad de Madrid está en un «límite insostenible» y la solución pasa por triplicar el personal en las residencias. No es una ocurrencia, es una necesidad calculada al minuto.
Un estudio con metodología y corazón
Lo que hace diferente a este informe es que no se queda en la queja. Durante nueve meses, un equipo de expertos analizó minuto a minuto las tareas diarias que requiere una persona mayor: levantarse, asearse, comer, acompañar, moverse. El objetivo era medir cuánto tiempo real necesita un residente para recibir una atención digna y centrada en la persona.
Los datos son demoledores. Mientras que el sistema actual permite dedicar apenas 56 minutos por la mañana a cada residente, el estudio demuestra que se necesitan al menos 2 horas y 46 minutos. Es decir, casi tres veces más. Por eso los sindicatos y las organizaciones sociales exigen que la ratio de gerocultoras pase del 0,43 actual a 1,32 por residente. En palabras llanas: hay que triplicar las plantillas.
No se trata de capricho ni de ideología, como explicaron los ponentes, sino de pura lógica. «Estamos hablando de cuidar a personas, no de rotar cacharros», sentenció una de las portavoces de UGT. Porque una cosa es tener personal en nómina y otra muy distinta es tener personal realmente en el centro, en cada turno y cada categoría.
La trampa de los números: ratios que no cuidan
Uno de los puntos que más indignación generó durante la presentación fue la denuncia de cómo la Comunidad de Madrid calcula los ratios de personal. Según explicó Miguel Vázquez, portavoz de Pladigmare, la administración utiliza cifras «engañosas»: calcula el personal sobre la plantilla total en nómina, no sobre la presencia física real en cada turno.
Eso significa que una residencia puede cumplir los números sobre el papel, pero en la práctica encontrarse con situaciones como esta, relatada por una trabajadora: «Por la tarde somos siete personas para atender a 136 residentes». Y esas siete tienen que cubrir también el centro de día y los traslados, con la amenaza constante de una sanción si algo sale mal.
Además, los ponentes recordaron que muchas residencias siguen operando con ratios obsoletos de 1990, que apenas exigen 35 trabajadores por cada 100 residentes… y eso contando dirección, administración y personal de cocina. Un despropósito cuando hablamos de personas que necesitan cuidados constantes.
El estudio propone un cambio de modelo radical: calcular las plantillas por presencia real en cada turno. Por ejemplo, si se necesitan 37 gerocultoras por la mañana, la plantilla en nómina debe ser de al menos 57 personas para cubrir descansos, vacaciones y bajas. Así de sencillo y así de justo.
Precariedad laboral: el otro drama
El informe también pone el foco en quienes sostienen el sistema con sus manos y su espalda. Se trata de un sector feminizado en un 85%, donde los salarios base están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional en muchas categorías, y donde la parcialidad es la norma.
Teresa, trabajadora de residencia y representante de CCOO, fue clara: «La gente joven prefiere trabajar en cualquier otro ámbito antes que en una residencia». Y no es para menos. El desgaste físico y emocional es brutal, hasta el punto de que la siniestralidad laboral en el sector de la dependencia es equiparable a la de la construcción, con una alta incidencia de enfermedades profesionales derivadas de los sobreesfuerzos.
Esta precariedad provoca una fuga de profesionales hacia la sanidad pública, donde las condiciones son mejores. El relevo generacional, sencillamente, no existe. Y mientras tanto, las trabajadoras que quedan soportan una carga de trabajo que no solo pone en riesgo su salud, sino también la calidad de la atención que reciben los mayores.
Un modelo de negocio frente a un derecho fundamental
Detrás de esta situación hay un modelo. Y ese modelo tiene nombre y apellidos. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, denunció que el 93% de las plazas en residencias de la Comunidad de Madrid están en manos privadas. Solo 25 de las 507 residencias existentes son de gestión directa pública. Tres décadas han pasado sin que se construya una residencia 100% pública en la región.
El plan del gobierno de Isabel Díaz Ayuso de construir 40 nuevas residencias fue recibido con duras críticas. Desde los sindicatos lo calificaron como un «negocio redondo» para las empresas: «Te regalan un suelo que vale un dineral, hipotecas ese suelo para construir y encima el 40% de las plazas te las paga la administración». Es decir, un modelo que privatiza beneficios y socializa pérdidas.
Pero no solo es un problema económico. Es un problema de dignidad. El caso de Marcelo, un residente que llevó a cabo una huelga de hambre tras denunciar que les daban «comida podrida», fue citado como la «punta del iceberg» de un sistema que prioriza el beneficio sobre la salud. Y no es un caso aislado: las denuncias por alimentos en mal estado, falta de higiene y atención deficiente son recurrentes, pero rara vez llegan a los tribunales o a los medios.
Inspecciones que no inspeccionan
Otro de los grandes caballos de batalla es la falta de transparencia en las inspecciones. Los familiares y sindicatos exigen que todas las inspecciones sean públicas y sin preaviso. Porque, como denunciaron los representantes sindicales, «el problema es que cuando van a la residencia, o bien les han avisado o hay un margen de días. Ese día, casualmente, la plantilla está al 100%».
Incluso se han dado casos en los que se falsea la presencia de profesionales, pidiendo a trabajadores que ocupen puestos que no les corresponden durante la visita del inspector. Una farsa que convierte la inspección en un mero trámite burocrático, sin utilidad real para garantizar la calidad del servicio.
La unidad como herramienta de cambio
Pero en el acto no solo hubo denuncia. También hubo propuestas y, sobre todo, un llamamiento a la unidad. Porque, como recordó Laura Muñoz (UGT): «Invertir en cuidados no es un gasto, es justicia social».
Entre las herramientas que se pusieron sobre la mesa destaca la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Tomando como ejemplo el éxito de las 700.000 firmas recogidas para la regularización de personas inmigrantes («Regularización Ya»), se animó al sector de los cuidados a utilizar esta vía para forzar cambios legislativos. Desde Más Madrid se ofreció todo el apoyo político y la estructura territorial para apoyar una posible ILP que surja de las organizaciones de trabajadoras.
También se anunció una gran movilización para el mes de mayo, donde se espera que confluyan trabajadores, familias y organizaciones sociales. Y se hicieron peticiones concretas para trasladar a la Asamblea de Madrid:
- Que las inspecciones sean públicas y sin preaviso.
- Que el anunciado «Plan 4040» sea 100% público.
- Que se inhabiliten a las empresas que hayan sido sancionadas reiteradamente por infracciones graves.
Un mensaje que no admite indiferencia
El acto cerró con una idea que resonó en todos los asistentes: «Lo que no se nombra, lo que no se ve, no existe». Por eso es tan importante visibilizar esta realidad, dar voz a quienes la sufren y exigir un cambio de modelo.
Manuela Bergerot lo resumió así: «Una sola voz no tiene fuerza, pero todas juntas presionando desde todos los lados pueden cambiar esto». Y recordó que la precariedad de hoy en las residencias no es un problema ajeno: es la falta de cuidados que todos sufrirán mañana.
Frente a los intentos de dividir a la clase trabajadora, los intervinientes fueron tajantes: «Estamos aquí hoy mujeres españolas y mujeres migrantes juntas porque la lucha es conjunta». Porque el enemigo no son los compañeros, sino un sistema que convierte la vejez en negocio y la dignidad en gasto.
Un estudio que es una herramienta de lucha
Al final, el informe presentado no es solo un documento técnico. Como dijeron sus impulsores, es una «herramienta de lucha» que permite al movimiento de trabajadores y familiares saber hacia dónde dirigirse, con objetivos concretos y base científica.
El estudio marca una hoja de ruta clara: ratios de personal dignas, inspecciones sin preaviso, fin de la impunidad para las empresas infractoras y un modelo de residencias 100% público. No es una utopía, es una exigencia basada en datos.
Porque, como concluyó Francisca López (CCOO), el sistema de cuidados no puede esperar. Las personas mayores que viven en residencias no tienen tiempo, y las trabajadoras que los cuidan tampoco. La movilización está en marcha. La pregunta es: ¿nos sumamos?
