Presidiendo el listado está la insuficiencia de personal. Se traduce en:

• Colas para poder utilizar el aseo.
• Instrucciones para que hagan sus necesidades en los pañales, que “para eso los llevan”, les dicen.
• Descontrol en la medicación pautada.
• Uso excesivo de sujeciones
• Extravío de prendas y prótesis de todo tipo.
• Insuficiente atención para dar de comer a los que no se pueden valer por sí mismos.
• Descontrol e incumplimiento de los cambios posturales de los encamados, que ingresan en los hospitales desnutridos y con úlceras en las extremidades inferiores por presión.
• Imposibilidad de sacar a los residentes sin autonomía en su movilidad a pasear por los patios y jardines interiores.
• Lamentable estado, a veces, de las instalaciones: mal funcionamiento del aire acondicionado en verano y de la calefacción en invierno, vajillas descascarilladas, paredes y techos deteriorados, baberos en mal estado…
• Incumplimiento de la necesaria atención individualizada.
• Régimen alimenticio sin la diferenciación que requieren las situaciones particulares de muchos de los residentes.

En la Comunidad de Madrid, según los propios datos aportados por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad a octubre de 2020, existen 475 residencias de ancianos, de las cuales sólo 65 son públicas, que ofrecen un total de 52.031 plazas, de las cuales sólo 10.622 son públicas. Es decir, más del 86% de las residencias y del 79% de las plazas están en manos privadas y sólo el 14% de las residencias y el 21% de las plazas son de titularidad pública.

A esto se le añade que un porcentaje importante de las que son públicas son gestionadas por empresas privadas, alcanzándose de esta manera un porcentaje del 92% de residencias que están siendo gestionadas privadamente. Así, no podemos sino concluir que la gestión de la vida de los mayores tiene como principal característica la idea de explotación de un negocio. Y, dada la concentración de la propiedad y la naturaleza de fondos de inversión y fondos buitres de quienes dominan el sector, se prioriza el beneficio empresarial en detrimento del bienestar de los residentes.

Si a la idea de explotación de un negocio privado, que parece buscar fundamentalmente el beneficio económico, añadimos las políticas de austeridad y recortes practicadas por los diferentes gobiernos (central y autonómico), tenemos la explicación de la situación en que se encuentran los mayores en las residencias. Para que siga siendo negocio y para poder continuar recortando partidas que inciden directa e indirectamente en la calidad y dignidad de la vida de las personas mayores, resulta necesario que haya opacidad, falta de control y alienación de todos los familiares de los residentes.

Sólo en nuestro primer año y medio de existencia, que nosotros supiéramos, se presentaron media docena de denuncias en los Juzgados: dos en Usera, una en Leganés, dos en Alcorcón y una en Arganda, que causó un auténtico escándalo por la gravedad de las imágenes. Y eso, sin contar las centenares de quejas que no trascienden a la opinión pública.

Si los trabajadores hablaran, como en Arganda, si los familiares contaran las situaciones que viven cotidianamente en la atención de sus familiares residentes, si todos, unos y otros contaran todo lo que sucede en las residencias, se produciría en la sociedad una conmoción de magnitudes importantes.

Estamos hablando de vidas humanas y, en las residencias, no existe control sobre la gestión: ni por parte de los residentes, ni por parte de los familiares. 

En la Comunidad de Madrid, mediante la Orden 766 de 1993, se crearon los Consejos de Residentes para las residencias de titularidad pública. Y en el año 2012, después de una reclamación sobre la inexistencia de este órgano en la residencia de Usera, el Defensor del Pueblo obligó a la Comunidad (que se negaba a ello) a que se crearan órganos de participación de los residentes en todas las residencias de titularidad pública, fueran de gestión pública o de gestión privada y en todas aquellas que tuvieran algún tipo de financiación pública, aunque fueran privadas. 

Se crearon los Consejos de Usuarios, aunque con menos competencias que los Consejos de Residentes, siendo ya pocas las de éstos. Y sólo los familiares que tienen la tutela legal de los residentes incapacitados judicialmente, pueden participar en los mismos.

Por tanto, pretendemos que se creen Consejos de Residentes o de Usuarios en todas las residencias. Y pretendemos que tengan más competencias y que puedan participar en ellos los familiares. A principios del año 2020, antes de que estallara la trágica pandemia, presentamos nuestra alternativa de participación de los familiares en los Consejos de Residentes a la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad; a la Directora General de Atención al Mayor y la Dependencia y al Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

Los familiares deben ejercer el control, que no se quiere que haya, en las residencias. Como un primer paso hacia su solución: hay que sacar a la luz los problemas. 

Porque todos somos hijos y fueron nuestros mayores los que hicieron lo mejor por nosotros, los que tuvieron mil ojos para cuidarnos, somos nosotros a quienes, ahora, nos toca hacer lo mismo para garantizar sus cuidados.

Hay que crear asociaciones o agrupaciones de familiares en todas y cada una de las residencias:

• Para que se cumplan los contratos establecidos.
• Para que no se escatime en dotar de todo lo que precisen las personas mayores: pañales, reposición de ropa extraviada, prótesis, etc.)
• Para que se controle el gasto farmacéutico y la medicación.
• Para que no se nos siga engañando con las ratios de personal y que se adecúen a la realidad actual: que se establezcan por turnos y por categorías.
• Para que los responsables cumplan con sus obligaciones.
• Para que se realicen los cambios legislativos necesarios, que se adapten a la realidad social actual.