Seis años después: el grito que no cesa en las residencias de Madrid
El jueves 25 de junio de 2026, el espacio Rosa Luxemburgo de Madrid se llenó de memorias, de rabia y de esperanza. Seis años después de aquella primavera que se llevó por delante a miles de personas mayores en residencias, un puñado de voces se juntaron para decir una palabra que duele y que urge: no olvidar.
No olvidar a los que se fueron. No olvidar lo que pasó. Y, sobre todo, no olvidar que la justicia aún no ha llegado.
El encuentro, organizado por la asociación 7291: Verdad y Justicia y presentado por su portavoz Javier Cordón, reunió a tres ponentes de lujo: Beatriz Martos, de Amnistía Internacional; Alejandra Jacinto, abogada del CAES (Colectivo de Abogados y Abogadas por los Servicios Públicos); y Manuel Rico, director del diario Público. Tres miradas distintas sobre una misma herida abierta.
Un informe que no se olvida: «Abandonados a su suerte»
Beatriz Martos fue la primera en tomar la palabra, y lo hizo para recordar el Informe «Abandonados a su suerte», publicado por Amnistía Internacional en diciembre de 2020. Aquel documento no era un papel mojado: era una denuncia rigurosa que investigaba y analizaba lo ocurrido en las residencias durante la primera ola de la pandemia, centrándose en la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña.
Los datos eran, y siguen siendo, escalofriantes. España fue el segundo país del mundo con más muertes en residencias, solo por detrás de Canadá. Y lo que es peor: Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos que se cometieron durante aquellos meses de caos y desamparo.
El informe hizo peticiones concretas a las instituciones: abrir investigaciones, hacer seguimiento de las víctimas, crear un monográfico en el Defensor del Pueblo con recomendaciones para que no volviera a pasar. Pero esas peticiones no fueron atendidas. Como explicó Beatriz, hoy seguimos sin tener garantías de no repetición, porque el sistema de cuidados de larga duración sigue precarizado: faltan inversiones, faltan ratios de personal, falta voluntad política.
Actualmente, Amnistía Internacional está acompañando a las familias en su lucha. Y sigue denunciando lo que llaman el «protocolo de la vergüenza»: aquel conjunto de directrices que, según los ponentes, dejó a miles de mayores abandonados en sus centros, sin que hasta ahora haya habido ni un solo investigado por las decisiones políticas que lo idearon.
La abogada que no se rinde: un camino de obstáculos
Alejandra Jacinto, abogada de varios familiares que presentaron denuncias, tomó el relevo con un relato que refleja la frustración de seis años de lucha judicial. Su testimonio fue un viaje por los vericuetos de una justicia que, a menudo, parece blindada.
Las familias propusieron una macro causa que agrupara todas las denuncias. La Audiencia Provincial de Madrid lo denegó. No hay investigaciones, no hay responsables. «Deseable que existiera una tutela judicial efectiva para las familias», dijo Alejandra, con la ironía que da el cansancio.
El 10 de octubre de 2024, se presentó una denuncia colectiva. La sensación general, explicó, es de impunidad y de falta de voluntad para abordar el asunto. Sin embargo, hay un atisbo de esperanza: hoy existen muchos juzgados que siguen investigando, a pesar de que otros se han negado. «Briznas de esperanza en nuestra determinación», los llamó.
Alejandra detalló el complicado itinerario procesal: la denuncia colectiva fue dividida a petición de la fiscalía. Para cada caso hay que determinar la participación concreta de cada responsable, algo que se complica cuando las decisiones políticas se convirtieron en directrices para los directores de los centros. Ellos, según explicó, estuvieron influidos por decisiones políticas que marcaron lo que debían hacer en las residencias.
Para evitar que las causas prescriban, están ampliando las denuncias por prevaricación, lo que les da un plazo de diez años. Pero el camino es largo: solo hay 12 casos en el Tribunal Constitucional. Y cuando la Audiencia Provincial de Madrid desestimó un recurso, la sensación de injusticia se hizo aún más profunda. Aun así, Alejandra fue clara: no van a dejar de perseguir la justicia, aunque sea lenta, aunque duela.
Manuel Rico y las mentiras que aún resuenan
Manuel Rico, director de Público, tomó la palabra con un reconocimiento emocionado a los familiares: «Son un ejemplo admirable de lucha, único en España». Y es que, como él mismo recordó, los datos que hoy manejamos se los debemos, en gran medida, a su trabajo periodístico. Un trabajo que durante seis años ha mantenido viva la llama de la verdad.
Rico explicó que la justicia no ha investigado de oficio. Una actitud que calificó de «lamentable» por parte de la Fiscalía, que no impulsó las investigaciones cuando debía. «Han hecho cero por averiguar la verdad», afirmó con contundencia. Porque, según denunció, es muy difícil demostrar la relación de causalidad entre las muertes y las decisiones políticas. Los tribunales, en lugar de investigar a los políticos, se han centrado en si hubo negligencia en las propias residencias.
Y entonces llegó el momento más duro de su intervención: las mentiras. Mentiras que, según Rico, se han difundido desde el aparato periodístico de la Comunidad de Madrid. Mentiras como que «hubiesen fallecido igual», o que «en todas partes ocurrió lo mismo». Mentiras que buscan normalizar lo que fue una tragedia evitable.
Pero la mentira más grave, la que más duele, fue la del triaje hospitalario. No se trataba de elegir entre salvar a un joven o a un mayor, como se ha querido hacer creer. El triaje, explicó Rico, se hizo por código postal y por expectativa inventada de vida. Es decir, se decidía quién merecía ser atendido en un hospital y quién no en función de su barrio y de una estimación arbitraria de su esperanza de vida. Una vergüenza que aún no ha sido investigada.
Rico detalló cuatro ámbitos de discriminación que marcaron la gestión de la pandemia en las residencias:
- No se medicalizaron las residencias, a pesar de que se podía haber hecho.
- Protocolo de no derivación a hospitales públicos: los famosos protocolos de la vergüenza.
- IFEMA: se llevó allí a médicos y enfermeras para atender a enfermos leves, mientras las residencias estaban desbordadas y no recibían ayuda.
- Hospitales privados: a pesar de que existía un mando único público-privado, no se envió a ningún residente a hospitales privados, salvo a aquellos que tenían seguro privado.
En definitiva, no usaron ninguna vía de ayuda. Y eso, según Rico, es lo que hay que recordar.
El debate con el público: preguntas sin respuesta fácil
La segunda parte del acto abrió el turno de preguntas al público, y las respuestas de los ponentes fueron tan esclarecedoras como duras.
Se habló de cómo están cruzando argumentos de testigos para presionar a los jueces que no han querido investigar. También se puso el foco en los geriatras: según los ponentes, existe una especie de pacto tácito entre ellos para argumentar que «nadie les pidió derivar» a los pacientes. Pero, aunque hubiera sido cierto, los geriatras solo miraban la clínica del paciente para decidir que no les convenía trasladarlo. Es decir, no cumplían los requisitos para garantizar una atención adecuada, y se escudaban en la falta de peticiones para no actuar.
Los ponentes reconocieron que aún estamos en una fase de educación y difusión de lo ocurrido. Muchos ciudadanos de la Comunidad de Madrid aún no saben lo que pasó, o tienen una visión muy politizada de los hechos. Por eso, la labor de contar la verdad sigue siendo fundamental.
Cierre: la presión social no puede parar
El acto concluyó con un mensaje que resonó en cada rincón de la sala: no hay que dejar de presionar. Existe una diferencia evidente entre las causas que se investigan y la intensidad con que se hace. La sensación, compartida por los tres ponentes, es de lentitud y falta de profundización en las actuaciones judiciales. Hay jueces que, claramente, no quieren que se aclare el asunto porque es un tema político.
Pero, como recordaron los organizadores, está en nuestra mano que la presión social no pare. Porque la justicia, cuando no llega sola, hay que empujarla. Y ese empujón colectivo es lo que mantiene viva la esperanza de que, algún día, las familias que perdieron a sus mayores en las residencias puedan tener la verdad y la reparación que merecen.
Conclusión: memoria, verdad y justicia
Seis años después del estallido de la pandemia, el encuentro en el espacio Rosa Luxemburgo demostró que la memoria no se ha apagado. Que hay personas e instituciones que siguen trabajando para que los muertos no sean solo estadísticas, y para que los responsables —políticos o no— rindan cuentas.
El camino es largo, lleno de obstáculos judiciales, de mentiras interesadas y de una lentitud que desespera. Pero la determinación de los familiares, el rigor de los informes de Amnistía Internacional, la tenacidad de abogadas como Alejandra Jacinto y el compromiso de periodistas como Manuel Rico son un ejemplo de que, contra la impunidad, siempre cabe la lucha.
No olvidar es el primer paso para que no se repita. Y ese es el legado que el acto del 25 de junio de 2026 dejó grabado en el espacio Rosa Luxemburgo.
